NECESARIA PARA LA DEMOCRACIA

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Ley de Radiodifusión de nuestro país, 22.285 dictada por la última dictadura militar, lleva casi 30 años de vigencia. Se trata de un decreto Ley funcional a la Doctrina de la Seguridad Nacional y a las sucesivas políticas neoliberales. Largamente cuestionada por grupos de la sociedad civil, recordemos que esta lucha en contra de la ley de radiodifusión vigente, data desde el regreso a la democracia en 1983. Como dato configurador del actual mapa de medios en el país, se recordará que durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, se realizaron múltiples modificaciones a la norma que favorecieron el grado de concentración, el poder monopólico de los multimedios, y preservaron la marginación de las organizaciones sin fines de lucro para la gestión de medios. Recién a partir de la reforma del artículo 45º realizada en agosto de 2005, las organizaciones sociales fueron habilitadas para gestionar medios de comunicación, aún así, las cooperativas de servicios públicos quedaron excluídas de este beneficio.
Desde la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, como integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, entendemos que el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol y garantizar la diversidad cultural y el pluralismo, el derecho a la información y poner límites a la concentración monopólica. En esa línea se inscribe la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enviada por el ejecutivo al congreso de la Nación.
El proyecto presentado reconoce entre sus antecedentes el marco jurídico y la normativa vigente en nuestro país, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la Información, como un derecho inherente al ejercicio de una ciudadanía plena. Retoma y cita los 21 puntos, elaborados en el marco de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Desde esos aportes y antecedentes, el proyecto de Ley de Medios considera a la comunicación como un servicio, pone el acento en el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, garantiza la pluralidad de voces, la distribución equitativa de frecuencias en tres tipos de prestadores (públicos, de gestión social y privados), diversidad de fuentes de información, promoción del trabajo y la producción local, con claros límites a la concentración monopólica y oligopólica.
Tanto la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), como la Red de Facultades y Carreras de Comunicación de la República Argentina (REDCOM) que como unidad académica integramos, avalaron los “21 Puntos por una Ley de Medios de Comunicación para la Democracia”, y plantearon la necesidad de participación universitaria plena en los distintos ámbitos del servicio nacional de comunicación audiovisual, tanto en el sistema nacional de medios públicos, como en la pertinente autoridad de control, por cuanto – se afirma- “el otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones”.
Asimismo bregamos por la mayor participación pública y ciudadana en la decisión sobre estándares digitales, en la gestión del espectro y en la elaboración de políticas públicas convergentes en comunicación, cultura, difusión digital, telecomunicaciones, reducción de la brecha digital, y apoyo del Estado con recursos que garanticen pluralidad de voces., de manera incluyente y democrática en el nuevo paisaje digital multimedial.

Fuente: Equipo de Dirección ECI (UNC)